La acción de amparo presentada pide que no se aplique la medida en los establecimientos educativos tanto de gestión pública municipal y provincial como en los de gestión privada en La Matanza.
"Son las jurisdicciones las que tienen competencias para disponer el dictado de clases. Con este decreto, el Presidente incurre en un doble error: interviene de facto las jurisdicciones alcanzadas, y establece un estado de sitio de hecho".
"Por otro lado, más allá de estas gravísimas violaciones a la institucionalidad, el Gobierno Nacional vuelve a sacrificar a los chicos, como hizo durante todo el año pasado", afirmó en un comunicado el referente de Juntos por el Cambio en La Matanza, Alejandro Finocchiaro
"Un día perdido en la escuela es una porción de porvenir robada a los alumnos. Imaginen todo el trabajo que tenemos por delante para intentar sanar todos los daños que les provocó la tragedia educativa del 2020".
Finocchiaro señaló: "Todas cuestiones que, nos consta como a toda la comunidad educativa, no han sido atendidas pese a que han tenido todo un año para diseñar políticas públicas para resolverlo. Ante ese panorama, no podemos aceptar que vuelvan a improvisar con la escuela. Los chicos no pueden volver a ser los perdedores ante autoridades que no saben o no quieren cortar con las actividades no protocolizadas, verdadero problema de este momento".
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