El proyecto establece que "los extranjeros sin residencia permanente deberán afrontar el costo de las prestaciones sanitarias que reciban, ya sea mediante un seguro, la cobertura de un tercero o el pago directo".
La propuesta contempla que "el recupero de esos fondos se canalice a través del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), con el objetivo de reforzar el financiamiento del sistema sanitario Bonaerense.
También, la iniciativa fija un límite central: ningún paciente podrá ser rechazado o demorado cuando atraviese una emergencia que implique riesgo para su vida.
En esos casos, la atención deberá garantizarse y el eventual cobro se realizaría una vez que la persona haya sido estabilizada.
También quedan exceptuadas determinadas prestaciones vinculadas a la salud pública, como la vacunación y el tratamiento de enfermedades transmisibles, además de las víctimas de trata.
En materia educativa, el texto apunta a las universidades provinciales de gestión estatal y propone que "cobren una retribución a los estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente".
Serían las propias instituciones las encargadas de establecer los montos, las formas de pago y los mecanismos de actualización, de acuerdo con el marco que eventualmente establezca la ley.
El alcance de la iniciativa, sin embargo, tiene una particularidad que puede convertirse en uno de los principales puntos de debate: el proyecto provincial no alcanzaría a universidades nacionales como la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), ya que esas instituciones dependen de la jurisdicción federal.
En territorio Bonaerense, el esquema impactaría sobre las casas de estudios que tengan carácter provincial.
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