El expediente está a cargo del fiscal Juan Ignacio Mennucci y analiza posibles delitos como enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La investigación también alcanza a integrantes de la administración de Garro y contempla una posible afectación ambiental colectiva.
La causa surgió a partir de un relevamiento realizado por la gestión del actual intendente Julio Alak, que detectó unos 450 barrios considerados ilegales en distintos sectores de la periferia platense.
De ese total, alrededor de 250 desarrollos no podrían avanzar hacia una regularización debido a que no reunirían las condiciones exigidas.
Además de Garro, fueron imputados Oscar Negrelli, ex jefe de Coordinación Municipal, y María José Botta, ex secretaria de Planeamiento.
También deberán comparecer otros ex funcionarios, entre ellos: Luis Esteban Barbier, quien informó que regresará de viaje el 14 de agosto, junto con Leandro David Ronga, Marcela Rogg, Augusto Sciarreta y Marcelo Gustavo Género.
Mientras avanza el expediente, el Municipio habilitó un registro para quienes compraron terrenos vinculados con desarrollos presuntamente irregulares.
Hubo unas 2.000 consultas y cerca de 90 inscriptos.
Por último, desde el municipio advirtieron que "adquirir parcelas rurales indivisas no garantiza su urbanización, la provisión de servicios ni la posibilidad de construir una vivienda".
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